El Parlamento de Canarias ha aprobado a finales de junio su nueva Ley del Suelo, una normativa que aumenta las competencias de los Ayuntamientos en materia urbanística y rebaja los controles que ejerce la comunidad autónoma. El Gobierno canario justifica la necesidad de esta ley en la urgencia de reducir la «maraña legislativa» y de agilizar los procedimientos que se alargan «durante años» por los trámites burocráticos. La normativa territorial y urbanística. El nuevo proyecto normativo reconoce que la regulación vigente, en buena medida, proporciona una carga injustificada y propone unos nuevos y potentes criterios para simplificar, racionalizar y actualizar el marco normativo. Contempla como no puede ser de otra manera el desarrollo sostenible, continúa con la triple clasificación del suelo prestando especial atención a la ordenación y utilización del suelo rústico, por lo que se prevé mejore las tramitaciones mineras sustancialmente.