Tras analizarse, en concreto, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público se decidió trabajar las alegaciones en el marco de CEPCO y, asimismo, de la PMCM, haciéndolas propias una vez consensuadas. De esta forma, el sector ha presentado alegaciones a través de CEPCO y de la PMCM y, directamente, como ANEFA, Federación de Áridos y COMINROC.
Todas las alegaciones se han remitido a través del registro del Congreso de los Diputados y a los diferentes Diputados de la Miembro de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso.
Todas las propuestas de enmiendas del sector cuentan con un sólido fundamento legal, como son la Sentencia del Tribunal Supremo Sala Civil (Sentencia de 23 de noviembre de 2016, CAS 2883/2014), el artículo 71.3 de la Directiva 2014/24/UE, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y el Dictamen del Consejo de Estado número 1.116/2015 de 10 de marzo de 2016.
Desde ANEFA se han mantenido varios contactos con representantes del PP, PSOE y Ciudadanos, para hacer llegar más específicamente, la preocupación del sector respecto al tema de los aplazamientos de pago y de que no se valoren adecuadamente cuestiones como la calidad de los productos, su durabilidad o su ciclo de vida y sus implicaciones medioambientales y de seguridad y salud, en la tramitación de los contratos públicos, privilegiando el precio como factor de elección casi exclusivo, lo que sería un error muy grave.
Actualmente, se están analizando las más de 1.000 enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos, para adoptar una nueva serie de acciones encaminadas a que los puntos de vista del sector sean tenidos en cuenta. Los aplazamientos de pagos monopolizan, en el Congreso, los debates sobre el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público
Tras analizarse, en concreto, el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público se decidió trabajar las alegaciones en el marco de CEPCO y, asimismo, de la PMCM, haciéndolas propias una vez consensuadas. De esta forma, el sector ha presentado alegaciones a través de CEPCO y de la PMCM y, directamente, como ANEFA, Federación de Áridos y COMINROC.
Todas las alegaciones se han remitido a través del registro del Congreso de los Diputados y a los diferentes Diputados de la Miembro de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso.
Todas las propuestas de enmiendas del sector cuentan con un sólido fundamento legal, como son la Sentencia del Tribunal Supremo Sala Civil (Sentencia de 23 de noviembre de 2016, CAS 2883/2014), el artículo 71.3 de la Directiva 2014/24/UE, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y el Dictamen del Consejo de Estado número 1.116/2015 de 10 de marzo de 2016.
Desde ANEFA se han mantenido varios contactos con representantes del PP, PSOE y Ciudadanos, para hacer llegar más específicamente, la preocupación del sector respecto al tema de los aplazamientos de pago y de que no se valoren adecuadamente cuestiones como la calidad de los productos, su durabilidad o su ciclo de vida y sus implicaciones medioambientales y de seguridad y salud, en la tramitación de los contratos públicos, privilegiando el precio como factor de elección casi exclusivo, lo que sería un error muy grave.
Actualmente, se están analizando las más de 1.000 enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos, para adoptar una nueva serie de acciones encaminadas a que los puntos de vista del sector sean tenidos en cuenta. 
