El Gobierno de España ha aprobado el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2026, que contempla 179 iniciativas legislativas y reglamentarias, muchas de ellas con impacto directo sobre las industrias extractivas, los materiales de construcción, la contratación pública, el medio ambiente y la seguridad laboral.
Entre las medidas previstas destaca la futura modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, así como del Real Decreto-ley 3/2020, con el objetivo de adaptar la normativa española a las directivas europeas en materia de contratación pública. Esta reforma puede tener especial relevancia para las empresas vinculadas a la obra pública, las infraestructuras y el suministro de materiales de construcción.
El Plan incluye también un nuevo Real Decreto relativo a los productos de construcción, destinado a aplicar en España el Reglamento (UE) 2024/3110 sobre comercialización de productos de construcción y actualizar normativa nacional actualmente obsoleta.
Asimismo, se prevé una modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE), cuestión de especial interés para el sector por su incidencia sobre los requisitos técnicos, ambientales y de sostenibilidad aplicables a la construcción.
En el ámbito energético y medioambiental, destacan la modificación del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE), nuevas medidas de descarbonización y futuras disposiciones sobre calidad del aire, gases fluorados y gestión de residuos.
También resulta especialmente relevante la futura regulación vinculada al Reglamento europeo sobre materias primas fundamentales (CRMA) y tecnologías de cero emisiones netas, orientada a reforzar la seguridad de suministro y el carácter estratégico de determinadas materias primas para la industria europea.
En materia laboral y preventiva, el Plan incorpora iniciativas de gran alcance, entre ellas la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales; el desarrollo reglamentario del registro de jornada; la creación de un registro de exposición a agentes cancerígenos; y la modificación de la normativa sobre exposición al amianto.
ANEFA realizará un seguimiento específico de estas iniciativas regulatorias por su potencial impacto sobre las empresas del sector.
Como primeras actuaciones, se propondrá la creación de grupos de trabajo específicos para el seguimiento de la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público y de la futura modificación del Código Técnico de la Edificación.
Asimismo, la Asociación continuará participando en los procedimientos de audiencia e información pública y mantendrá informadas a las empresas asociadas sobre la evolución y contenido de las distintas iniciativas normativas, así como sobre los grupos de trabajo y foros técnicos que puedan constituirse en relación con estos desarrollos regulatorio.
