El Consejero de Industria, Comercio y Turismo, Arturo Aliaga, comparecía en las Cortes de Aragón el pasado día 24 de marzo para explicar las características de la investigación llevada a cabo por la Dirección General de Policía (en la imagen, Aliaga en un momento de su comparecencia en el Pleno de las Cortes para explicar la «Operación Minas»).
Este consejero ordenó la apertura de una investigación interna tras recibir una denuncia de un técnico contra un funcionario del servicio. La investigación, que se llevó a cabo entre los años 2006 y 2007, detectó 44 informes con «vicios de tramitación», en palabras del propio Aliaga.
Tras detectar estos indicios de irregularidades, personal externo designado por la Consejería continuó revisando, entre septiembre de 2007 y septiembre de 2008, más de 200 expedientes. Esta investigación concluye con un informe en el que se plasman las actuaciones de diferentes funcionarios, que es remitido en octubre de 2008 a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Desde este momento hasta el pasado 9 de marzo, día en el que la Policía emitía una nota de prensa a los medios de comunicación dando los pormenores de la denominada «Operación Minas», la Dirección General de Policía ha investigado éstos y otros expedientes tramitados por este servicio, solicitando periódicamente mediante oficios la colaboración de la Consejería.
Las medidas tomadas por el departamento a lo largo de estos años de investigación para paliar y controlar dichas actuaciones han sido varias, partiendo por la retirada de competencias para la regulación minera a los Jefes de Sección Provinciales, caducadas algunas concesiones sospechosas, prestando especial atención a los aspectos medioambientales en los Planes de Labores y apartando de sus funciones a los funcionarios con indicios de sospecha.
Tras personarse el Gobierno de Aragón como acusación particular en el caso, el Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza facilitaba el pasado jueves 24 a los Servicios Jurídicos de la Dirección General, el expediente de investigación realizado por la Policía.
Cabe recordar que el caso está bajo secreto de sumario y que el juez no ha imputado por el momento ni a empresas ni a funcionarios del Servicio.
