Actualidad Jurídica Ambiental (AJA), revista editada por CIDEMAT, ha publicado en su sección de Comentarios de legislación el trabajo titulado “La propuesta de Directiva de la vigilancia y resiliencia del suelo (Ley de vigilancia del suelo) y los antecedentes de este impulso ambiental” / “The Proposed Soil Monitoring and Resilience Directive (Soil Monitoring Law) and the Background to This Environmental Drive”, elaborado por Carlos Ramírez, director general de AFA-Andalucía. La entrada está fechada el 23 de junio de 2025 y cuenta con DOI propio.
El comentario se centra en la Propuesta de Directiva de Vigilancia y Resiliencia del Suelo del Parlamento Europeo y del Consejo, vinculada a la futura Ley de vigilancia del suelo, y la sitúa dentro de la Estrategia europea para la protección del suelo. El autor subraya que esta iniciativa refuerza el papel del suelo como elemento clave de la protección ambiental, alineándolo con los compromisos europeos en materia climática y de biodiversidad, así como con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030.
A lo largo del texto se ofrece una revisión evolutiva de los principales instrumentos normativos, estrategias y planes europeos relacionados con el suelo, poniendo de relieve cómo se ha ido consolidando este “impulso ambiental” en los últimos años. En particular, se describen los antecedentes regulatorios y políticos que confluyen en la propuesta de junio de 2024, aún pendiente de aprobación definitiva, y se identifican los retos jurídicos y técnicos que plantea el nuevo escenario normativo para los Estados miembros.
El índice del trabajo refleja esta estructura analítica: comienza con los antecedentes y la creciente atención de la UE al suelo, recorre referencias normativas y estratégicas (incluido el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad 2030 o la Estrategia de Protección del Suelo), y culmina con un estudio detallado de la Propuesta de Directiva y de su evaluación de impacto.
El comentario concluye destacando la necesidad de dotar al suelo de una protección ambiental específica y coherente en el Derecho de la Unión, en línea con el enfoque preventivo y de resiliencia que impulsa la nueva Directiva, y aporta un marco útil para anticipar su futura traslación a la normativa española.
