El Gobierno de Cantabria ha dado un paso clave en su estrategia de atracción de inversiones y desarrollo económico con la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos, un nuevo órgano de apoyo y asesoramiento directamente adscrito al Gabinete de la Presidenta. La medida, aprobada mediante el Decreto de la Presidencia 1/2025, publicado en el BOC el 25 de junio, tiene como objetivo principal facilitar la implantación de proyectos empresariales estratégicos en el territorio autonómico.

Esta iniciativa se enmarca en el desarrollo de la Ley 2/2025, de 2 de abril, de Simplificación Administrativa de Cantabria, ya anunciada como una de las grandes apuestas de la legislatura. Tal como se preveía en su articulado, la creación de la Unidad Aceleradora responde a la necesidad de disponer de un instrumento ágil, transversal y con capacidad política y técnica para desbloquear, coordinar y agilizar trámites clave en la ejecución de grandes proyectos de inversión.

El primer encargo oficial de la Unidad será el denominado Proyecto Altamira, ya presentado ante el Parlamento de Cantabria el pasado 16 de junio. Se trata de una iniciativa que se considera estratégica para el desarrollo económico y que actuará como experiencia piloto para este nuevo órgano.

La Unidad Aceleradora tendrá entre sus competencias la formulación de propuestas y asesoramiento a la Presidencia, la coordinación con los gabinetes de los distintos consejeros para asegurar una tramitación preferente y urgente de los proyectos estratégicos, así como la propuesta de medidas de mejora en la gestión administrativa, tanto dentro del Gobierno autonómico como en coordinación con el sector público local, respetando su autonomía.

Además, podrá emitir informes técnicos y políticos, y proponer la celebración de reuniones de coordinación interdepartamental, con el fin de evitar duplicidades, retrasos o trabas administrativas que puedan dificultar el avance de los proyectos.

Esta figura se inspira en el modelo andaluz de Unidad Aceleradora de Proyectos, ampliamente valorado por su eficacia para reducir tiempos de tramitación, generar seguridad jurídica y aumentar la competitividad del territorio frente a otras comunidades.

Paralelamente, el BOC ha publicado también la apertura del trámite de información pública para el proyecto de decreto que adaptará los procedimientos administrativos a lo dispuesto en la Ley de Simplificación, en lo relativo a los efectos del silencio administrativo. La norma introduce el principio general de efecto estimatorio del silencio, una medida de gran calado para facilitar la actividad económica y que introduce un cambio cultural importante en la relación entre la administración y los ciudadanos.

Ambas medidas suponen la puesta en marcha de una arquitectura institucional moderna, diseñada para dotar a Cantabria de mayor agilidad, transparencia y eficacia en la gestión de inversiones estratégicas, con una administración más aliada del desarrollo económico y más sensible a las necesidades de los sectores productivos.

El Gobierno ha reiterado que la Ley de Simplificación y su despliegue reglamentario han contado con la participación activa de los principales actores sociales y económicos, y reitera su compromiso con una administración útil, moderna y orientada al servicio del desarrollo regional.